A solicitud de varios ministros del evangelio, quiero dar mi opinión sobre la propuesta del cambio de concepto constitucional acerca del matrimonio. Dado que es un tema complicado, antes de comenzar prefiero dejar establecido que esta es mi opinión particular y con ella no represento ni responsabilizo a ninguna de las organizaciones cristianas a las que pertenezco o presido. También deseo aclarar que, como este debate tiene una intención clara, cito a un honorable diputado quien expresó: “si hay que romper tradiciones, debe hacerse, en un discurso muy revolucionario”. Suponiendo que las tradiciones que haya que romper o cambiar sean, en primer lugar, las tradiciones cristianas sobre el matrimonio, esto me obliga a salir de mi postura apolítica para dar un criterio más político que bíblico, comprendiendo que la Biblia ha sido excluida de antemano de esta discusión y los cristianos estamos en desventaja en este debate.

Por estos días que se debate extra e intramuros la reforma constitucional, el debate trae al análisis con rostro de justicia social, valores revolucionarios y progreso socialista el tema de si debe o no cambiarse el artículo que define el matrimonio en la constitución. Indudablemente, muchos de los que opinan acerca de este cambio sutil —pero significativo legalmente para los movimientos LGTBI— solo ven el pasado y el ahora; los más sagaces, quienes ven el mañana, y los más sabios, quienes pueden comprender la dimensión futura en la sociedad. Este cambio es sutil porque el cambio de la constitución solo es posible mediante el voto de todo el pueblo; pero las leyes posteriores que han de regular este tema y todo lo relacionado (adopción, transidentidad de género, igualitarismo, etc.) serán aprobados desde el parlamento, sin necesidad de consulta popular, asumiendo que cada uno de los diputados representa la opinión de sus electores, por haber sido electos de forma directa, aunque en este sentido de la homosexualidad no siempre sea así.

El movimiento LGTBI promueve una ideología de género que quiere convertir su movimiento ideológico en la base científica y social de todo el pueblo cubano, quiere que el Estado socialista-marxista y leninista asuma su interpretación homosexual de género, matrimonio y familia. Esto se ha podido constatar en los debates del parlamento, esperemos que este no sea el comienzo del rechazo a todas las demás ideologías o comprensiones sociales que conviven en nuestro país.

La diputada Mariela Castro expresó lo siguiente: «darles derechos a unos no significa necesariamente quitarles derechos a otros», lo cual es coherente con la misma reforma constitucional en debate, que plantea como límite del derecho personal el derecho del otro. De manera que el Estado y el parlamento cubanos tengan en cuenta que la Iglesia y los cristianos también estamos amparados por la constitución respecto a nuestra libertad de creencia y de expresión, y cuando vayan a legislar en nombre del pueblo cubano no deben hacerlo sin el pueblo cubano, del cual los cristianos somos una parte importante. Todas esas leyes que la diputada Mariela Castro resume con «rango de operatividad», tras la nueva definición de matrimonio, que permita aprobar leyes en beneficio del movimiento LGTBI, no puede implicar leyes que limiten los derechos de la Iglesia y de los cristianos a mantener sus creencias históricas y la profesión de ellas, sin ser interpretadas ni como homofóbicas ni contrarias al proceso revolucionario, ya que esto pudiera transitar de la homofobia a la eclesiofobia, lo cual no estaría justificado ni por la constitución actual ni por la futura constitución. No dejemos que una ideología se enfrente a la otra, como en otras naciones. La homofobia debe ser atacada en todas las esferas y organizaciones de la sociedad: no tan solo en el sector religioso.

Otro derecho que no debe considerarse homofóbico o discriminante es el de que los cubanos puedan asociarse según sus propios intereses. La iglesia, como organización de masas, merece respeto en la autodeterminación de sus doctrinas, disposiciones de membresías y pensamientos de conformación institucional.

La manera que el parlamento habla de hacerle justicia a las personas de orientación homosexual, obvia u olvida que nuestro país es posiblemente el único que en varias décadas no ha visto actos violentos contra personas homosexuales; que hay espacios tomados o reclamados por el movimiento LGTBI (playas, cabarets, discos, parques) que son reconocidos públicamente como de «ellos» y consolida el respeto social y la ausencia de discriminación. Tampoco se trae a colación que hace varios años ya que se realizan operaciones transgénero, de modo gratuito; el cambio del código del trabajo en beneficio de las personas transgénero, entre otros adoptados por nuestra sociedad socialista, de beneficio al movimiento LGTBI, lo cual nos hace pensar como una ley que define las creencias y definiciones religiosas o culturales de la sociedad sobre el matrimonio es el «salto o progreso» de la justicia social, como dijeron algunos diputados, lo que requiere nuestra nación para demostrar su carácter democrático.

Quizás los homosexuales fueron perseguidos y apresados, víctimas de las burlas y la discriminación, pero recordemos que la Iglesia y todos los cristianos estaban sufriendo las mismas cosas, en el mismo momento histórico. Porque sabemos lo que ellos sufrieron, comprendemos su reclamo. Lo que no comprendemos es que el cambio de la definición legal de matrimonio sea el salto de progreso social que necesita esta nación, cuyo sistema no tiene que demostrar nada a nadie pues a nivel internacional nuestra democracia y justicia ya está bien demostrada. Pidamos lo que es justo de forma justa.

Por último, recordemos que todos los grupos sociales quisieran que la nación se dirija de acuerdo a sus preceptos y sus ideologías, pero la «mayoría tiene el poder». En Cuba, eso es democracia. Siempre habrá una minoría con pensamientos diferentes, todos deben ser escuchados y respetados. Sin embargo, no podemos aprobar ideologías sino derechos. La libertad de pensamiento puede ser derrotada por la educación a la sociedad, pero jamás puede imponerse una ideología por la ley. No debemos olvidar que uno de los propósitos del PCC es mantener la unidad del pueblo cubano, hacer de todas sus minorías, en la unidad, una gran mayoría social. No podemos subestimar la división que traerá a nivel social entre varias minorías, todas influyentes nacional e internacionalmente; los movimientos masivos y la transformación del pensamiento social que conlleva el cambio constitucional acerca de la definición legal del matrimonio. Legislemos derechos, no ideologías. Los derechos son universales pero las ideologías son personales.

Es ridículo exigir derechos sobre orientación sexual, cuando ya están legislados constitucionalmente como derechos universales el derecho a la libertad de género y el derecho a no ser discriminado por motivos de género. Política y legalmente esto es equivalente a que los cristianos queramos que el Estado y el Parlamento deje de ser laico y asuma nuestras creencias como base de sus decisiones. Por otro lado, se supone que solo los cristianos nos oponemos al matrimonio homosexual e igualitario. Sin embargo, es público el rechazo no solo al matrimonio sino también a la homosexualidad en muchos de los entes sociales no religiosos e incluso políticos de nuestra sociedad. Por tanto, la iglesia no es la única dueña social de los criterios contra el cambio de este artículo de la constitución, pero si es posible que los cristianos sean los únicos que hagan publica su opinión y su protesta.

La definición que la diputada Mariela Castro hace del matrimonio, junto al análisis de las distintas motivaciones sociales que conllevan a la formación de la familia es solamente «su opinión» especializada. Existen otras «voces» iguales o más calificadas que la diputada que difieren de su opinión a nivel nacional y mundial. Aunque sea la directora del CENSEX, eso no la convierte en la voz más autorizada de la ciencia para definir estos temas y «punto». Habiendo revisado tantas opiniones progay, homofóbicas, cristianas, sociales y políticas sobre el matrimonio creo que, en dependencia de los intereses, serán las definiciones que demos al matrimonio y a la familia ¿Qué debe hacer el Estado, el Parlamento y el Pueblo cubano? ¿Cuál criterio tiene más autoridad para definir el voto del Pueblo: El CENSEX, La ideología LGTBI, El discurso de Justicia social (política), o la Biblia (creencias)?

El problema en cuestión está planteado en la palabra «matrimonio», que para los juristas significa una cosa y para los ciudadanos y ciudadanas, otra; para el movimiento LGTBI, una cosa y para las creencias cristianas, otra. Para unos especialistas responde a intereses sociales y/o políticos, mientras que, para otros, a intereses psicológicos. No vamos a estar de acuerdo en la definición de matrimonio porque tiene una amplitud semántica que concierne a cada individuo, a la interpretación conceptual moldeada por sus ideologías, creencias, cultura social, identidad y tradiciones.

Sin embargo, cuando escucho el reclamo que hace el Movimiento LGTBI, veo que hay cosas comprensibles en su reclamo legal. Por ejemplo, si dos personas sin importar su género deciden convivir en un país de minoría cristiana, ideología marxista-leninista-martiana y fidelista; cuyo Estado es laico (es decir, no asume doctrinas religiosas tomar decisiones), tienen derecho a reclamar protección legal del Estado para que regule su convivencia.

Ese debe ser un derecho de todas las personas, sin importar su orientación sexual. Hoy, las familias no solamente son mamá, papá, hijos e hijas: también son abuelos y nietos, mamá soltera o papá soltero e hijos, divorciada o divorciado con hijos, abuelos con sus hijos y nietos, entre otras combinaciones. Pero también, hermanos y hermanas, tíos y sobrinos, primos, etc. Personas que no tienen un rango de consanguinidad cercano para reclamar derechos en la conformación familiar, los cuales podrían tener derechos si existiera una ley que conformara la familia legalmente (no religiosamente) de acuerdo a los intereses de aquellos que la conforman. Por ejemplo, cuántos sobrinos cuidan sus tías o tíos hasta la muerte y después hermanos e hijos son los que tienen derechos a la herencia. ¿Qué pasa, entonces, con las protecciones legales para la herencia justa de esas personas? A mí entender, el conflicto verdadero no es negarles estos derechos legales a los homosexuales, sino que esa ley legitime la relación homosexual como normal y natural.

Que esa ley pueda aprobarse no significa que se va a acabar la homofobia, ni la discriminación, sino solamente que el movimiento LGTBI tendrá derecho a una legislación que proteja sus derechos. Eso es lo que verdaderamente preocupa a la Iglesia, pues si nos comparamos a conveniencia política, cada vez que nos conviene, comparémonos ahora que a muchos no nos conviene con otras naciones que han aprobado leyes similares, y las presiones de movimientos equivalentes para que se aprueben leyes que le quitan libertades a la Iglesia en términos de pensamiento, creencias, autodeterminación organizativa, de expresión y divulgación de prensa, entre otros. Tenemos que preocuparnos porque, a diferencia de la gran variedad de leyes a favor del movimiento LGTBI que se anuncian, no vemos aparecer la Ley de Culto, que dé un marco legal operativo de sus derechos a las religiones y a los religiosos, ni tampoco tenemos garantías políticas de que, en el parlamento, se tomaran en cuentas nuestras creencias antes de aprobar o desaprobar esas propuestas legales.

Cuando escuchaba a los diputados y diputadas definir el matrimonio como «la unión de dos personas con facultad legal para hacerlo», percibí que ni siquiera está definido que haya un carácter sexual en dicha unión; o sea, que se podría interpretar que el propósito de la unión es el respaldo legal de los derechos, más que la legitimación de una relación sentimental que implique prácticas sexuales, es decir, el enfoque está encaminado a la herencia, al acompañamiento legal de los conyugues. Como si fuera este más una «unidad civil legalmente concertada y reconocida» que lo que nuestras tradiciones, identidad y cultura nacional conciben como un matrimonio.

Para mí, por más criterios que emborronen hojas de papel o gigas de almacenamiento digital, rechazo toda intención de imponer legalmente un concepto de matrimonio y una definición de familia ajenos a mis preceptos bíblicos y cristianos. Rechazo la imposición de cualquier ideología o legislación que siente las bases para posteriormente declarar ilegales mi actual libertad de pensamiento, de expresión y de creencia. Me niego a que se considere necesario cambiar un concepto en la constitución para demostrar que Cuba es un país democrático y justo; ya que eso se demuestra mediante el proceder político y social de todos los días, y no en la adopción impositiva de una ideología minoritaria como concepción política mayoritaria de lo que es justo y democrático. Del mismo modo, rechazo toda homofobia en las iglesias, como rechazo la discriminación de todo tipo, el abuso, el lucro y la explotación de la fe.

¿Debe ser inclusiva la Iglesia? Sí debe serlo, pero nuestra inclusión se subordina a nuestras creencias bíblicas. No somos la única religión con criterio para seleccionar a quien es o quien no es «sacerdote». No rechazamos a nadie por sus pecados: amamos al pecador (si estuviésemos equivocados y la homosexualidad no es pecado, aun así, serían portadores del pecado universal). Aunque estamos obligados, por la fe, a rechazar al pecado, esta es nuestra fe y nadie está obligado a vivirla, si no quiere; pero nadie puede obligarnos a negarla bajo ningún precepto o discurso de justicia o progreso. Acepto que se ataque los flagelos que conviven con la religión, pero no a los religiosos. Qué se destierre a la homofobia de la iglesia sin sembrar eclesiofobia en la sociedad.

Para mí, sería mejor dejar el concepto constitucional de matrimonio como está, así como debe ser intocable la definición de familia en el código de familia. Pero si, por algún motivo, nuestra opinión cristiana no les parece adecuada a nuestros diputados y diputadas, esos mismos que dicen representarnos a nosotros, que también somos el pueblo; si nuestras creencias sobre el matrimonio y la familia no se toman en cuenta, como dignas de respeto y consideración, entonces, como ciudadano, y para bien de todos, propondría que se elimine la palabra «matrimonio» de la constitución, ya que todos los cubanos no nos sentimos identificados con la nueva definición propuesta, y que se nombre esa unión civil concertada por dos personas legalmente facultadas para hacerlo, de modo que los sabios y los especialistas que legislen sean más respetuosos de todos, ya que sería paradójico que se discrimine con tal legislación a un segmento poblacional mayor que al que al se pretende hacer justicia con la misma.

De este modo les dejo mi opinión a su consideración, esperando que la misma valentía con la que escribo sea devuelta en la opinión de quienes lean esta carta.

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